Este
número de LRA aparece cuando se cumple un año de gobierno de Ollanta
Humala. Uno de los rasgos más saltantes en este periodo ha sido los
cambios en las orientaciones políticas del presidente, desde los
planteamientos reformistas de La Gran Transformación, pasando por una
morigerada Hoja de Ruta, para culminar finalmente en lo que parece ser
hasta el momento ceder a la tentación del continuismo. En el camino, se
ha ido vaciando de contenido la «inclusión social». Así, si esta se
limita a una mejor y más eficiente aplicación de políticas
redistributivas a través de los programas sociales, no se diferenciará
de lo que los gobiernos anteriores han hecho. En cambio, si por
inclusión social se entiende, sobre todo, una extensión de las
oportunidades de sectores más amplios de la población, el gobierno tiene
que demostrarlo. Algunos ejemplos.
Una mala
señal en cuanto a la inclusión social es que el gobierno se ha
abstenido de tomar medidas para democratizar el acceso a las tierras de
la irrigación de Olmos, las que han terminado en manos de un reducido
número de corporaciones, y parece que la misma política continuará con
la reciente aprobación de la irrigación de Chinecas.
Una
buena señal fue la promulgación de la Ley de Consulta previa, aunque el
reglamento deja que desear. Un punto crucial es el de quiénes son
considerados indígenas. En esta edición de LRA se discute el concepto
restrictivo de indígena adoptado por el reglamento de la ley, pero
además se muestran las complicaciones del reconocimiento de los derechos
colectivos de las poblaciones indígenas en el marco de una Constitución
liberal individualista. Este es un terreno en el que el gobierno tiene
la opción de ser más o menos democrático.
Una
señal que puede ser buena es la relativa al Banco Agrario. Desde LRA
hemos reclamado reiteradamente la necesidad de la creación de
condiciones favorables al desarrollo de la pequeña agricultura,
mayoritaria en el país y principal responsable de la producción de
alimentos. Uno de los instrumentos indispensables para ello es ampliar
el acceso del financiamiento para las actividades agrícolas. Como se
sabe, la agricultura familiar está marginada del crédito formal. La
actual gestión de Agrobanco ha manifestado su voluntad de convertirlo en
una institución gravitante para el desarrollo de la agricultura, según
declaración de su presidente en este número de LRA. Si se lleva a cabo,
será un importante cambio respecto al gobierno anterior.
Un
cuarto tema sobre el que no hay señales es el de la atención a la
seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria no debería limitarse a
los programas de asistencia alimentaria a sectores sociales de bajos
ingresos. Hay una gran preocupación en el mundo sobre las tendencias a
la subida de precios de alimentos, sobre los impactos negativos del
cambio climático en la producción agrícola y pesquera, y sobre la
utilización creciente de tierras agrícolas para la producción de
biocombustibles. Todo esto está ocurriendo en el Perú, y el gobierno no
toma iniciativas para enfrentar lo que es un problema tanto de corto
plazo desnutrición infantil extendida, principalmente en áreas rurales
como, sobre todo, de mediano y largo plazo. Como se muestra en esta
edición de LRA, este es también un importante déficit en las políticas
gubernamentales.
LA REVISTA AGRARIA 142 - julio 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario