Entre el 15 y el 24 de mayo se realizó en Lima la 17 a ronda del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)1. El TPP es un tratado de libre comercio regional que incluye diez países, además del Perú: Estados Unidos, Canadá, México, Singapur, Australia, Malasia, Vietnam, Chile, Nueva Zelanda y Brunei.
Con este acuerdo, el Perú continúa consolidando la apertura económica a los mercados internacionales a través de acuerdos bilaterales o regionales, en un proceso casi vertiginoso iniciado por el expresidente Alejandro Toledo, mediante el TLC con Estados Unidos, y continuado por los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. Hasta el momento, estos acuerdos comprometen al Perú —algunos lo harán próximamente— con 56 países de todos los continentes, menos de África (tabla 1); entre ellos están todos los más poderosos, salvo Rusia e India.
¿Cómo se negocia?
¿Cómo se ha negociado con esos países? En todos los casos, los procesos de negociación se han caracterizado por la escasa transparencia. El Ministerio de Economía y el de Comercio Exterior y Turismo conducen las negociaciones, más atentos a los intereses de grandes grupos económicos que al de los de empresarios pequeños y medianos, agricultores y campesinos, trabajadores y otros actores económicos con menor poder.
Todos estos acuerdos (salvo el del Pacto Andino, que dio lugar a la Comunidad Andina de Naciones —CAN—, suscrito en 1969) han sido firmados por gobiernos elegidos democráticamente. Sin embargo, solo uno de ellos, el TLC con Estados Unidos, ha sido aprobado por el Congreso peruano (aunque en tiempo récord y prácticamente sin discusión). Todos los demás, en particular aquellos acordados en los últimos tres gobiernos, han sido negociados por el Ejecutivo, con escasa o nula difusión de los planteamientos que fueron negociados; en breves palabras: a espaldas de la ciudadanía, sin intervención de los representantes elegidos por ella. El Ejecutivo considera que los acuerdos comerciales son de su exclusiva competencia.
No son solo acuerdos comerciales
Pero resulta que estos acuerdos afectan intensamente, de una manera o de otra, la vida de todos los peruanos. Atan la economía peruana a la economía global, de manera firme pero condicionada. Tienen un inmenso peso en las orientaciones de nuestra economía (por ejemplo, consolidan un fuerte sesgo primario exportador y descuidan el mercado interno y el desarrollo de una economía de alto valor agregado); en el acceso y uso de los recursos (las industrias que extraen recursos naturales son las que más se fortalecen, y promueven la concentración de la propiedad de las tierras agrícolas), y en sus condiciones de desarrollo (enclaves modernos, territorios estancados). Es decir, estos acuerdos determinan, en buena medida, qué se produce, cómo, para quién y qué regiones serán dinamizadas (y cuáles continuarán estancadas).
Además, tienen una importante influencia en las relaciones laborales (hay legislaciones laborales especiales para las industrias exportadoras y la agroexportación, que rebajan los derechos de los trabajadores). También influyen en cómo se distribuyen los ingresos, cómo se usan los recursos naturales (agua, tierras agrícolas, bosques, biodiversidad) y qué impactos tienen en el medio ambiente (contaminación del aire, de ríos y lagunas, deforestación, reducción de la flora y fauna terrestre y marítima). Asimismo, a través del control de patentes y precios de medicamentos ejercido por los oligopolios de la salud favorecidos por estos acuerdos, determinan el costo de la salud, discriminando entre quiénes pueden asumirlos y quiénes no pueden hacerlo (la mayoría de la población).
Lejos están estos acuerdos, pues, de ser puramente comerciales o de limitar su influencia a las transacciones de compraventa o exportaciones-importaciones. Los gobiernos se pliegan a los grandes grupos de interés económico internacionales y estimulan a los empresarios e inversionistas nacionales a identificar sus intereses con ellos y no con los del país.
Dado que los acuerdos tienen fuerza de ley y, en principio, no pueden ser modificados unilateralmente por los gobiernos, puede afirmarse que el modelo primario exportador está blindado y protegido de aquellas políticas que, alternativamente, privilegien el desarrollo del mercado interno y una mayor autonomía del Estado en materia económica, ambiental y alimentaria. La ciudadanía peruana y sus instituciones no tienen la oportunidad de influir sobre estas decisiones.
La Alianza del Pacífico y el TPP
Actualmente hay dos procesos en marcha, que, a pesar de su importancia, ocupan solo marginalmente la atención de los medios de comunicación y de los políticos, absorbidos por temas menores. Uno es el de la Alianza del Pacífico. A mediados de mayo se realizó una negociación de sus países miembros en la ciudad de Cali, Colombia, y no se difundió información sobre los planteamientos llevados por el gobierno peruano.
El segundo es el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), cuya 17.a ronda se negoció en Lima entre el 15 y el 24 de mayo. Aquí también la información se ha dado a cuentagotas. La importancia del TPP reside en que involucra a una región de gran dinamismo económico, que representa cerca de un tercio del PBI mundial y el 10% de la población del planeta. La cuarta parte de nuestras exportaciones van a esos países (US$12 mil millones), y de ellos adquirimos el 27% de lo que importamos.
Los acuerdos en el seno del TPP tendrán efectos en todos los sectores, y ciertamente sobre el sector agropecuario nacional. Con varios de los países mencionados el Perú tiene una balanza comercial agraria deficitaria. En 2009, esta fue de –US$150 millones con EE.UU., la economía más importante del grupo. Con Nueva Zelanda el déficit fue de –US$19 millones; con Australia, –US$10 millones; y con Chile, –US$95 millones.
El Congreso debe intervenir
Debido al hecho de que los acuerdos comerciales son mucho más que eso, es necesario que sean debatidos y votados por el Congreso de la República, instancia que finalmente representa a los ciudadanos. Según el artículo 56 de la Constitución Política de 1993, «los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos humanos; 2. Soberanía, dominio o integridad del Estado; 3. Defensa nacional; 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución».
Dada la diversidad de temas abordados por los acuerdos comerciales y los impactos que tienen sobre toda la sociedad —como ya hemos visto—, es imposible que no tengan efectos sobre los derechos humanos, las obligaciones financieras del Estado, los tributos o la legislación existente, a los que se refiere el artículo constitucional citado. Respecto a esto último, no hay que olvidar que el gobierno de García dio un centenar de decretos legislativos para «adecuar» la legislación vigente al TLC con EE.UU. Es ineludible, pues, la intervención del Congreso y, por consiguiente —y como corolario a lo dicho—, el dictamen del Tribunal Constitucional, de febrero de 2010, que rechazó la intervención del Congreso a propósito del acuerdo comercial firmado con Chile, debería ser revisado.
Nota
1 Trans-Pacific Partnership (TPP).
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