viernes, 13 de septiembre de 2013

El rescate de la agricultura familiar y el impacto en la bipolaridad del agro


De manera creciente, en varios sectores políticos y académicos, la agricultura familiar está siendo considerada como «parte de la solución». ¿Solución de qué? De todo: de la inseguridad alimentaria (de la falta de soberanía alimentaria); de la crisis energética; de la mala relación con la naturaleza; de la persistencia de la pobreza; de la falta de desarrollo descentralizado; del irrespeto a las culturas. 
No lo era así hace algunos años, cuando la agricultura familiar, o pequeña agricultura, era percibida como un problema social; como una de las razones del atraso del mundo rural; como un factor de mantenimiento de la pobreza y de la ignorancia, al que había que encontrar una salida. En contraste, cuando los agricultores familiares eran indígenas eran admirados —hasta venerados— por algunos sectores de las clases medias, que los encontraban en armonía con la naturaleza e inmunes al materialismo autodestructivo de la cultura occidental. En los países hoy desarrollados, la salida fue, históricamente, la industrialización, que absorbió crecientes contingentes de mano de obra provenientes del campo, y el resto pasó a conformar el ejército de reserva, con el que jugaba el capital para mantener bajos los salarios.

La nueva mirada a la agricultura familiar

Pues bien, aun cuando muchos mantienen la idea de que la agricultura familiar es un obstáculo para la modernización (¿cuál modernización?), hoy es objeto de programas nacionales y regionales —por ejemplo, del Mercosur1— para impulsarla, desarrollarla y fortalecerla, pues con ello se estaría garantizando la seguridad alimentaria (la de los agricultores y la de toda la sociedad que consume lo que estos producen) y permitiendo, no solo la reconciliación del hombre con la naturaleza, sino también la recuperación de la dignidad de un sector social numeroso que ha sido secularmente marginado, abandonado por el Estado, despreciado por las poblaciones urbanas y arrimado como ciudadanos de segunda clase.

Este «rescate estratégico de la agricultura familiar» es promovido por muchas organizaciones internacionales,
 entre ellas la FAO y el Banco Mundial, y muchos gobiernos de la región, agencias de cooperación internacional y ONG. El programa de apoyo a la agricultura familiar es un éxito entre los países del Mercosur, según lo señaló Francesco Pierri2 en una reciente exposición. La REAF3 ha definido con toda precisión qué es la agricultura familiar, requisito indispensable para la implementación de políticas en su beneficio, sin que se «cuelen» otros sectores del mundo rural que no califican. Es lo que comúnmente se llama «focalización» o programas focalizados. 

Ahora bien, la denominación agricultura familiar no carece de problemas de definición, lo cual es una traba en el momento de calificar quiénes pueden ser beneficiados y quiénes no pueden serlo. La idea de una familia dedicada exclusivamente a actividades agropecuarias y con escasa movilidad corresponde cada
 vez menos a la realidad. Con mayor frecuencia, ahora las familias de agricultores se desplazan y no solo viven en el campo. A veces, son pobladores urbanos; a veces, rurales. A medida que los países se urbanizan, más familias de agricultores prefieren vivir en áreas urbanas, en donde pueden acceder a servicios de salud, educación, electricidad, transporte, etc.4. Por otro lado, los ingresos familiares no solo vienen de la agricultura,  sino de muchas otras fuentes de actividades, fuera de la granja. 

El impacto de la concentración de la tierra

Hay otro orden de dificultades en este renovado interés por la agricultura familiar. Precisamente, en los países que forman parte del Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay —y, como asociada, también Bolivia—, hay una gran concentración de la propiedad de la tierra, dedicada a monocultivos: Brasil destina 28 millones de hectáreas a la soya, y 12 millones más a caña de azúcar, para la fabricación de etanol; Argentina dedica 19 millones de hectáreas al mismo cultivo; Uruguay cubre con soya 1 millón 300 mil hectáreas; Bolivia hace lo propio con 1 millón 200 mil hectáreas: alrededor del 40% de sus tierras de cultivo; y Paraguay tiene más de 3 millones de hectáreas con soya. Estas áreas se dedican, pues, a cultivos que no están orientados a la alimentación humana, y principalmente para la exportación.

La situación en el Perú es distinta, pero, al mismo tiempo, similar: tiene, en la costa, más de un cuarto de millón de hectáreas de ricas tierras de cultivo bajo riego, en grandes neolatifundios agroexportadores y de producción para agrocombustibles, que coexisten con más de dos millones de familias agricultoras repartidas en todo el país.

La consolidación de una agricultura bipolar

Ninguno de los gobiernos de estos países plantea la responsabilidad que tienen estas grandes empresas con la seguridad alimentaria, aunque compitan en tierras y agua con la producción de alimentos; simplemente, «no son parte del problema». Y varios de estos gobiernos —quizá todos— las subsidian abiertamente o de manera  oculta (beneficios tributarios, régimen laboral favorable, etc.), sin necesidad de ser calificadas, «focalizadas». La responsabilidad de la seguridad alimentaria, desde el punto de vista de los gobiernos, corresponde a la agricultura familiar. 

Al desarrollarse programas en apoyo a la agricultura familiar en el marco de una política alimentaria (de la que se excluye, como se ha visto, la gran agricultura), o de una política ambiental, o cualquier otra justificación, se contribuye a la consolidación de un agro bipolar, en el que conviven latifundios y agricultura familiar. Mientras que los primeros producen lo que les es más rentable y, al mismo tiempo, concentran poder territorial, tanto económico como político y social, a los segundos se les exige «lo que la sociedad requiere» —alimentos inocuos y de calidad; orgánicos— y que mantengan la biodiversidad, sin que por ello reciban ningún subsidio, no haciéndose nada para que superen su muy escasa capacidad de negociar su influencia en la sociedad.

Hay otras aproximaciones de apoyo a la agricultura familiar, enmarcadas en una perspectiva de desarrollo territorial, que son superiores a los apoyos puntuales y focalizados. El enfoque de desarrollo territorial es multisectorial, promueve la diversificación de la economía rural y crea oportunidades a los que no pueden obtener ingresos suficientes de la actividad agraria por ser deficitarios en tierras. Hasta cierto punto, contribuye a superar la antinomia rural-urbano. Cual fuere el enfoque de apoyo a la agricultura familiar, los gobiernos no deben escamotear el problema de la concentración excesiva del control sobre la tierra, inconveniente por razones económicas, ambientales, sociales, políticas y de justicia social.

Notas

1 Mercado Común del Sur, bloque económico y comercial que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

2 «Experiencia de la REAF como red de articulación intersectorial»: exposición presentada en el seminario: «Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar» —en el marco de la iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025—, el 21 de agosto del presente, en Brasilia.

3 La Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar (REAF) fue una iniciativa política del Gobierno brasileño, enfocada hacia la integración regional y a una mayor aproximación con los países en desarrollo.

4 El censo de población y vivienda de 2007 encontró que un tercio de los asalariados rurales vivían en áreas urbanas. Esta proporción, con seguridad, irá en aumento.

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