Hace unas semanas, el gobierno de Ollanta Humala puso a consulta pública su propuesta de Plan Nacional de Diversificación Productiva(1). Las razones que justifican este plan son —conforme al documento difundido— varias, entre ellas: nivel de productividad bajo y heterogéneo, empleo informal omnipresente, gran desigualdad en los ingresos, escasa innovación, débil institucionalidad, y canasta exportadora aún poco diversificada y concentrada en recursos naturales.
Por lo demás, reconoce lo preocupante del contexto externo, debido a la lenta recuperación de los países desarrollados y la reducción de la tasa de crecimiento de China, así como la finalización del viento a favor de la evolución de los precios de las materias primas.
Por lo demás, reconoce lo preocupante del contexto externo, debido a la lenta recuperación de los países desarrollados y la reducción de la tasa de crecimiento de China, así como la finalización del viento a favor de la evolución de los precios de las materias primas.
Esta iniciativa debe saludarse, pues constituye un paso para
alejarse del «piloto automático» neoliberal que ha conducido la economía
peruana en las últimas dos décadas. Es el reconocimiento tardío de que el
crecimiento económico no significa necesariamente desarrollo económico, y de
que, además, reposaba sobre bases muy endebles.
La fase actual del plan propuesto es todavía muy general y
debe ser desarrollada con los insumos que los ciudadanos alcanzarán al
gobierno, precisamente a través de la consulta pública. Aun así, desde ya puede
afirmarse que la agricultura no ha merecido la atención que debiera.
En general, el plan mira mucho hacia la economía exportadora
y poco hacia el fortalecimiento del mercado interno. Como se sabe, la mayor
parte de nuestra agricultura no es de exportación, y uno de los principales
problemas es la baja productividad de la agricultura orientada al mercado
interno, de la que dependen más de dos millones de productores, la llamada
agricultura familiar.
El plan, que considera como eje central de la propuesta el
aumento de la productividad, aparentemente presta más atención al mundo
empresarial urbano y productor de bienes transables, exportables. No es que
ignore el problema —el documento constata el hecho de que el valor agregado por
trabajador, en el sector agrario, es diez veces menor que en el sector minero y
cinco veces menor que en el manufacturero—, pero lo menciona más bien como un
elemento de diagnóstico, sin que luego se muestre qué hacer con tan inmensa
disparidad.
El hecho es que una buena parte de la agricultura familiar
tiene un amplio margen de mejoramiento de su productividad (alguna, incluso,
puede competir en rendimientos con cualquier otro país del mundo, como es el
caso de los productores de arroz en la costa). Dado que agrupa —como ya se
mencionó— a un par de millones de productores, los efectos agregados serían muy
grandes y superiores a los de muchas otras ramas de la economía.
Sus impactos sobre la reducción de la pobreza, el empleo, la
seguridad alimentaria y la distribución de ingresos serían, ciertamente,
mayores (como reiteradamente afirman los estudios del Banco Mundial).
Inversiones masivas que contribuyan a un mejor y más productivo uso de los
activos de los agricultores familiares (tierra, agua, conocimientos sobre la
realidad local, etc.) y a la reducción de sus costos de transacción (acceso a
más y mejores servicios productivos, a una densa red vial, a mejor
información), mejor educación y atención a la salud, etc., tendrían efectos
económicos y sociales seguramente espectaculares. Dado el carácter territorial
de muchas de estas intervenciones, todo ello requiere de una colaboración
multisectorial y una alta voluntad política del Gobierno central y los
gobiernos regionales y municipales.
Estaremos a la espera de que la versión más desarrollada del
Plan Nacional de Diversificación Productiva tome atención a la importancia del
sector agrario y de la agricultura familiar.
Nota
1 El texto está en línea en
<http://bit.ly/1iXXlBn>
No hay comentarios:
Publicar un comentario