Reflexiones sobre políticas agrarias y seguridad alimentaria

FORO EN PERÚ (Artículo publicado en INFOANDINA)

Con el nombre “Política agraria, recursos naturales y seguridad alimentaria” fue llevado a cabo el pasado 20 de septiembre en la Escuela de Posgrado de la Universidad Agraria de La Molina (UNALM) un foro multidisciplinario que reunió a distintos expertos a reflexionar y dialogar en torno al tema de la seguridad alimentaria en el Perú.

El evento contó con dos mesas temáticas: la primera sobre “Recursos naturales y políticas agrarias en el contexto de la seguridad alimentaria”, y la segunda en torno a “Proyectos en ejecución, mercados agrarios y seguridad alimentaria”.

El foro fue organizado por el Doctorado en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable, en convenio de la UNALM con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

InfoAndina estuvo presente durante la primera mesa, la cual contó con las exposiciones de Fernando Eguren, presidente del Centro de Estudios Peruanos (CEPES) y director de la revista Debate Agrario, y María Elena Rojas, asesora en negociaciones comerciales internacionales de la Oficina de Planificación del Ministerio de Agricultura.

El problema de la concentración de las tierras agrícolas

Para empezar, según Fernando Eguren, el término “seguridad alimentaria” utilizado actualmente incorpora cinco aspectos distintos: disponibilidad (existencia garantizada de suficientes alimentos), acceso (incluye la distribución equitativa de los alimentos y un nivel de ingresos suficiente para su adquisición), uso (utilización que permite un estado de bienestar nutricional), estabilidad (acceso a alimentos adecuados en todo momento) e institucionalidad (marco institucional que garantice políticas integrales y multisectoriales que aborden del tema).

Esto lo detalla en su última ponencia sobre seguridad alimentaria presentada en la edición 14 del Seminario de Investigación Permanente (SEPIA), realizado en Piura del 23 al 26 de agosto del 2011.

Para Eguren, uno de los problemas más graves que afectan la seguridad alimentaria en el Perú es la concentración de tierras a manos de grandes empresas, al utilizarlas en su mayoría para cultivos de exportación y para la producción de biocombustibles (en particular el etanol), lo cual amenaza nuestra capacidad de satisfacer la demanda interna y de no depender de las importaciones a futuro.

“La tendencia es la formación de una estructura agraria bipolar, donde tenemos muchas unidades productivas pequeñas y un número relativamente pequeño de empresas muy grandes” afirma Eguren.

Así, este cambio de uso de las tierras pone en riesgo nuestra autosuficiencia para la producción de alimentos de consumo interno, al ir desplazando la pequeña y mediana agricultura, situación agravada por la pérdida de tierras a causa de la progresiva salinización de los suelos en la Costa y de la erosión en la Sierra y la Selva.

Más aún, Eguren señala que la mayor parte de los suelos en el país no son fértiles a pesar de su diversidad, siendo las áreas aptas para cultivo en limpio menos del 4% del área total y 2.1% para los cultivos permanentes, lo cual, sumado a los riesgos por los impactos del cambio climático nos convierte en un país con grandes riesgos en términos alimentarios.

Asimismo, actualmente llevamos cerca de 20 años de políticas continuadas que han favorecido un proceso de concentración de tierras, ya que con la nueva legislación de tierras dada en 1995 se eliminaron los límites en cuanto al tamaño de propiedad, y se creó un entorno político y económico favorable a la presencia de la gran inversión.

“A pesar de que la estrategia nacional de seguridad alimentaria contempla el abastecimiento de alimentos, no hay una coordinación con el MINAG para responder a este desafío de las nuevas tierras que se van a requerir en el futuro, siendo la tendencia más bien a incrementar las exportaciones” señala Fernando Eguren al respecto.

De esta manera subraya la falta de decisión política para la implementación de la estrategia nacional de seguridad alimentaria (que abarca del 2004 al 2015) y de una articulación entre los diferentes sectores del Estado para armonizar medidas que afronten temas como el acceso a la alimentación.

Según Eguren, resulta esencial que esta estrategia nacional sea adecuada a cada una de las regiones del país, pero encontramos que menos de la mitad de los departamentos tienen en la actualidad estrategias regionales, y adolecen también de recursos y personal especializado necesarios para llevarlas a cabo.

La posición del Estado

Según un estudio reciente realizado por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, existe un grave problema de desnutrición infantil en el país, con un porcentaje de entre el 16 y el 20% de niños en el Perú que sufre de desnutrición crónica, y el 33% de anemia.

Este estudio también señala que aproximadamente 11 millones de peruanos estarían en situación de inseguridad alimentaria, lo cual representa más de un tercio de la población del país.

Otro dato revelador es que aproximadamente el 60% de la población en estado de pobreza extrema en el Perú son agricultores, lo cual refleja una incoherencia entre el crecimiento de nuestra economía y el aumento en la inseguridad alimentaria del país.

Esto significaría que las políticas del Estado en seguridad alimentaria no estarían cumpliendo su cometido, lo cual es confirmado por María Elena Rojas, asesora del MINAG, al afirmar que: “Estamos quizás teniendo políticas inadecuadas de comunicación, difusión, abastecimiento, comercialización, y son temas que llaman a la reflexión para poder reajustar, porque las políticas lo son propiamente cuando tienen un impacto y la población se siente identificada en ellas”.

Así, entre las propuestas establecidas por el actual Ministerio de Agricultura encontramos el desarrollo de las capacidades de organización y emprendimiento de los pequeños productores rurales en la Sierra y la Selva.

Esto se haría, entre otras cosas, a través del fortalecimiento de AgroRural, concentrándose en beneficiar a productores agrícolas en situación de pobreza y extrema pobreza con apoyo financiero y créditos, asistencia técnica, desarrollo de la innovación y de capacidades de gestión empresarial, entre otros servicios.

Rojas señala que estas intervenciones se tienen que trabajar junto al desarrollo de infraestructuras, que impliquen el acceso a la electricidad, saneamiento, servicios de comunicación (teléfono e internet), con el fin de lograr un entorno favorable para el desarrollo sostenible de  estas zonas.

Otras apuestas del MINAG son la moratoria al ingreso de semillas transgénicas y el incremento de la eficiencia en la gestión de recursos hídricos, comprometiéndose a destinar S/. 184 millones en las zonas altoandinas en situación de pobreza para la construcción de infraestructura de riego, lo cual beneficiaría a 17 mil familias.

Autores:

Herrera , Paula   (Artículo publicado en INFOANDINA)