Después
de muchos años, la atención sobre la seguridad alimentaria parece que de
nuevo llama la atención del Poder Ejecutivo y del Congreso, aunque
todavía con timidez. Después de todo, el gobierno declaró 2013 como el
Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad, lo que ha
coincidido con la declaración de las Naciones Unidas, del mismo año,
como Año Internacional de la Quinua, producto emblemático de nuestros
Andes.
Se rompe la inercia…
Hasta
hace algunos meses, si algún alto funcionario de un gobierno extranjero o
de la FAO preguntaba quién era el interlocutor oficial del Perú en
seguridad alimentaria, se hubiese dado con la sorpresa de que nadie
sabría la respuesta, pues simplemente no había. Pero esta inercia se
rompió con el Decreto Supremo 102-2012-PCM, aprobado el 12 de octubre de
2012, que creó, de manera permanente, la Comisión Multisectorial de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, liderada por el Viceministerio de
Agricultura1.
La
comisión se ha puesto dos objetivos: evaluar los avances de la
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria (ENSA) 2004-2015, y dar
los lineamientos para una nueva ENSA que regiría hasta 2021. Sobre la
evaluación de la ENSA, la comisión no tendrá mayores problemas, pues
prácticamente no se implementó. Más adelante nos referiremos a los
avances de la nueva ENSA.
… pero sin coordinación
Pero en
el Congreso, de manera paralela, ya desde 2011 se habían presentado seis
iniciativas legislativas sobre el tema, que han sido recientemente
sintetizadas en un predictamen de la Comisión Agraria que está siendo
consultado a diferentes instituciones de la capital y de las regiones.
Esta propuesta incide, sobre todo, en aspectos institucionales, como la
creación tanto de un Sistema y un Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, como de los consejos técnicos sectoriales y
los comités regionales.
Estos
dos procesos, del Ejecutivo y del Legislativo, marchan de manera
paralela con escasa o ninguna relación entre sí. Esto constituye,
obviamente, un problema, pues es absurdo que eventualmente se dé una ley
de seguridad alimentaria sin que se base en una estrategia definida
previamente.
Debilidades de la propuesta del Ejecutivo
Hace
unos pocos días, la comisión tuvo una importante reunión en la que
participaron casi todos sus miembros —significativamente, no asistieron
representantes del MEF ni del Mintra—, a la que también fue invitado el
Cepes (que no forma parte de aquella), en donde un representante del
Minag expuso un diagnóstico del tema alimentario en el Perú y los
avances en la elaboración de una nueva ENSA.
Aun
cuando los avances son interesantes, el diagnóstico presentado tuvo tres
grandes deficiencias que, de no ser subsanadas, ciertamente no
constituirán una base adecuada para la estrategia que se piensa diseñar.
La primera deficiencia es que el diagnóstico no hace referencia alguna
al contexto internacional. Es sabido —y más aún desde la crisis de
alimentos surgida en el periodo 2007-2008— que la situación de los
países está estrechamente vinculada a los vaivenes de la economía
internacional. Hay un consenso en todos los organismos internacionales
—Banco Mundial, FAO, Ifpri, FMI y muchos otros— acerca de que el futuro
de la seguridad alimentaria estará afectado por procesos globales como
el crecimiento de la población, el deterioro de los recursos naturales,
la concentración de la propiedad de la tierra, la competencia por el uso
del suelo (alimentos versus biocombustibles, producción para la
exportación o para el mercado interno, alimentos para ganado o alimentos
para las personas) y los impactos del cambio climático.
El
diagnóstico tampoco aborda las obligaciones y limitaciones autoimpuestas
por los tratados de libre comercio, que reducen la autonomía del Estado
para definir políticas soberanas sobre seguridad alimentaria. No es
casualidad que en los avances de la propuesta de la nueva ENSA no se
mencione para nada el concepto de «soberanía alimentaria»: el Ministerio
de Relaciones Exteriores y, seguramente otros más, son renuentes a
escuchar cualquier referencia a ella, y eso a pesar de que el Consejo
Andino de Ministros de Relaciones Exteriores —del cual el Perú forma
parte— decidió, en 2010, «Aprobar el Programa Andino para Garantizar la
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional… cuyo objetivo es
contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional
de los Países Miembros de la Comunidad Andina, bajo los principios de
equidad y derecho a una alimentación adecuada».2
Una estrategia cortoplacista y epidérmica
En tercer lugar, el diagnóstico no indaga sobre las causas
de algunos graves problemas alimentarios existentes. Para mencionar tan
solo algunos: la desnutrición infantil, particularmente en las áreas
rurales; la anemia, que afecta sobre todo a niños y mujeres en edad de
gestar; la deficiencia de micronutrientes en las dietas; la creciente
incidencia de la obesidad, incluso en los sectores pobres; y el peso de
la comida «chatarra» en la malnutrición de crecientes sectores de la
población. El diagnóstico tampoco se refiere a nuestra excesiva
dependencia de la importación de trigo, maíz industrial y oleaginosas.
En
cuanto al horizonte temporal definido por la nueva ENSA: 2013 a 2021,
resulta totalmente inadecuado para una estrategia. Un horizonte tan
cercano no permite ponderar los desafíos que hay que comenzar a
enfrentar desde el presente, en particular si se toman en cuenta los
impactos crecientes del cambio climático sobre la producción de
alimentos, el problema del agua, el deterioro de los suelos y el
crecimiento demográfico. Los organismos internacionales construyen
escenarios hacia 2050, y Senamhi hacia 2030. La absurda idea de poner
2021 como fecha mágica por el solo hecho de que en ese año se celebra el
bicentenario de la independencia de la metrópoli española, también ha
sido adoptada nada menos que por el Ceplan (Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico). La comisión debería jugar con dos horizontes
temporales: 2030 y 2050.
En
síntesis, esperamos: a) que la comisión intersectorial y las instancias
del Congreso que están preparando la propuesta de ley de seguridad
alimentaria establezcan una relación de diálogo y colaboración; b) que
la comisión revise sus puntos de partida, en particular el diagnóstico, y
considere el contexto global como primer paso para construir una ENSA
adecuada; y c) que amplíe su horizonte temporal. En siguientes números
de LRA se revisarán otros aspectos de la propuesta de la comisión.
Notas
1
Forman la comisión las representaciones de nueve ministerios, más el
presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y un
representante de las siguientes organizaciones no gubernamentales: Red
de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), Junta Nacional
de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, Conveagro y la
Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú (Anepap).
2 Artículo 1 de la Decisión 742 de la CAN, del 22 de julio de 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario