¿Por qué el Estado subsidia a los latifundios?

(Artículo escrito por Fernando Eguren, presidente de CEPES, para la edición 137 de La Revista Agraria)

En días pasados —el 16 de febrero— se realizó la audiencia pública convocada por la Comisión Agraria del Congreso —presidida por el congresista José León—, sobre concentración de la propiedad de la tierra. Como podía esperarse, las opiniones respecto a si debe o no regularse el tamaño de la propiedad de la tierra no solo eran diferentes, sino abiertamente contradictorias. Tuvieron la oportunidad de expresarse los gremios exportadores, foros como Conveagro, gremios de pequeños agricultores, organizaciones involucradas con el tema —como el Cepes—, así como funcionarios del Ministerio de Agricultura y del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

El presidente del Congreso, Daniel Abugattás, entre las cosas que dijo en la inauguración del evento —bastante críticas a la concentración de la propiedad—, reconoció que el Estado peruano ha subsidiado a las grandes corporaciones que adquirieron las tierras. En efecto, mencionó que cada hectárea ganada le costó al Estado US$20 mil, pero se vendía a menos de US$5 mil, con lo que aquel asumía los US$15 mil restantes. Luego, en un impreso distribuido en la misma audiencia, el congresista Virgilio Acuña afirmó lo mismo, pero con otra cifra; el subsidio sería menor: de US$7 mil por hectárea. 

¿Qué significa esto, en concreto? Que el grupo Gloria, que adquirió 15,600 hectáreas de Olmos, fue subsidiado con US$234 millones provenientes de los impuestos que pagamos los ciudadanos contribuyentes, si tomamos en cuenta los montos dados por Abugattás, o con US$109.2 millones, si aceptamos las cifras dadas por Acuña. El segundo grupo económico que compró más tierras —1,070 hectáreas—, la Anglo American Michiquillay, fue subsidiado con US$16 millones o casi US$8 millones, según aceptemos los montos dados por Abugattás o por Acuña. 

Sea uno u otro el monto, varias preguntas deben ser respondidas: ¿cuál es la justificación para que el Estado subsidie a grandes corporaciones, con dinero del público? Si se trata de subsidios, ¿por qué no los utilizó para permitir la adquisición de tierras por pequeños y medianos inversionistas lambayecanos o de otras regiones? ¿Por qué no se aceptó la propuesta de Miguel Caillaux —cuando aún era ministro de Agricultura—, que consistía en que el Estado comprase alrededor de 8 mil hectáreas en la subasta, para luego revenderlas en lotes de menor tamaño —de 50 hectáreas o menores, por ejemplo— y fortalecer así la mediana y pequeña agricultura? ¿Por qué el gobierno regional de Lambayeque ha permitido un esquema de venta de tierras a corporaciones que favorece la formación de latifundios y que no da oportunidades a los propios lambayecanos (salvo como trabajadores de bajos salarios en los futuros nuevos latifundios)? ¿Por qué el gobierno no toma cartas en el asunto para que la segunda subasta de tierras de Olmos, que se realizará en breve, promueva la propuesta de Caillaux? ¿Cómo conciliar el discurso del presidente Humala, centrado en la integración social y económica, con una práctica abiertamente excluyente y discriminatoria con los pequeños y medianos inversionistas agrarios? 

Próximamente se aprobará la realización de la irrigación de Chinecas. ¿Seguirá la misma corriente de formación de latifundios? El presidente Humala, el ministro de Agricultura y la Comisión Agraria del Congreso tienen la palabra. 

(Artículo escrito por Fernando Eguren, presidente de CEPES, para la edición 137 de La Revista Agraria)